viernes, 4 de octubre de 2013

Dependencia ¿Pública o Privada?

¿Qué tiene que ver un cuento como Alicia en el País de las Maravillas con nuestra Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de  Dependencia? Algo que define el concepto de rapidez está explicado en dicho cuento, cuando una de las cartas de la baraja francesa, la Reina Roja, le dice a Alicia:
“Aquí para permanecer en el mismo lugar debes de correr mucho, mucho. Y si quieres ir a otro lugar tienes que correr por lo menos dos veces más rápido”. Esto es: rapidez de respuesta, rapidez en lo que nos piden nuestros clientes, nuestro mercado.
Dicho esto, en 2006 se aprobó la Ley 39, del 14 de diciembre, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de  Dependencia (en adelante, LD) y ya se vio que había que poner en marcha un sistema que diese protección a los más necesitados en realizar los actos más esenciales de la vida diaria. Así se creó el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, por desgracia, poco ha variado en estos años y lo que es peor, en los próximos, ya que solamente puede ir en aumento el número de personas dependientes, debido al envejecimiento de la población y porque disminuirá el número de cuidadores informales, a medida que se incremente la participación en el mercado laboral de las nuevas generaciones de mujeres. Por éstas y otras razones la atención a la dependencia continuará en el futuro siendo una necesidad social digna de protección que más que nunca requiere rapidez en la respuesta.

Es evidente que tenemos un serio problema, ya que el sistema de atención a la población dependiente, debe ser amplio, complejo y con innumerables prestaciones a sumar a las que ya dispensan las redes de servicios sociales, por lo que se antoja con un elevado coste económico, y si le unimos la época de crisis que vivimos, hace que se ponga en cuestión el propio sistema.
Durante este periodo, al igual como se ha hecho en otros sectores relacionados con el bienestar de los ciudadanos, se han realizado reformas con el objetivo de ahorrar prestaciones y servicios, con el fin de reducir el déficit del Estado y administraciones, a costa del ciudadano.

En lo que se refiere a la Dependencia, también se han hecho diferentes reformas: reduciendo prestaciones económicas para el cuidado de dependientes, reduciendo el importe de la cotización sobre el cuidador informal, ahora voluntario; también otras tendentes a aumentar los ingresos, como a incrementar la participación de los beneficiarios en los costes de los servicios.
Nadie dudamos de la necesidad de tener un sistema que atiende una realidad necesitada de prestaciones, ya entonces se preveía que habría que mejorar en: las redes de tele-asistencia, ayuda a domicilio, plazas en centros ambulatorios, centros de día, residencias para el internamiento de dependientes, etc… pero que ya en sus orígenes, se arrancó con importantes problemas de financiación, que fueron agravados por la crisis.

¿Dependencia Pública o Privada? 
En este momento, aún continúan los problemas económicos, y a buen seguro continuará la política de recortes. Lo que es indudable que la atención a nuestros dependientes es una necesidad común a toda nuestra población, pero a la vista de los antecedentes y sus resultados, la cuestión se centra en determinar el carácter público o privado, en el futuro de estos servicios; o bien incluso el mix de ambos, es decir, si ya en la Ley de Dependencia se establece que esta continuará siendo una fórmula de protección pública (aunque permita que se cuente con la participación de seguros de entidades privadas), es un derecho de los ciudadanos y del que nadie puede quedar fuera por falta de los recursos necesarios para contribuir al coste del servicio.

O puede suceder el caso contrario, la Dependencia no puede pasar a constituir un negocio en manos exclusivamente de la iniciativa privada. Ya que si esto es así, hay que tener en cuenta que la actividad privada conlleva, por definición, una subida de los costes que son consecuencia inevitable del afán de lucro de quienes invierten en ésta, y en estos casos la obtención del servicio se ha de hacer a cambio de un precio que, o bien es abonado por el beneficiario o se establece un sistema de seguro para no expulsar de la protección a quienes no lo pueden de hacer frente. O también, en ese supuesto, sería el Estado el que se hiciese cargo de estos casos.

Nada sabemos que camino seguirá el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pero si está claro por donde se quiere ir, ya que el preámbulo del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, dice que
“Los datos estructurales y las cifras más significativas del gasto en materia de dependencia, analizadas en la evaluación de resultados, muestran que debe corregirse una situación que pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema que, además, ha supuesto consecuencias perjudiciales para el empleo y la viabilidad de los sectores productivos de servicios relacionados con la dependencia.”

Volvemos a la cita inicial: “Para permanecer en el mismo lugar debes de correr mucho, mucho. Y si quieres ir a otro lugar tienes que correr por lo menos dos veces más rápido”.

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